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DECRETO 3146: DECLARACIÓN DE LA BANCADA FRENTEAMPLISTA


A continuación enumeramos algunas de las razones para derogar el decreto 3146 del 12 de junio de 2013, que declaró de Interés Departamental el emprendimiento Shopping Terminal Sierras Blancas, a realizarse en la ciudad de Minas, ubicado en la intersección de continuación Ituzaingó y Aparicio Saravia.

La declaración de Interés Departamental compromete al Gobierno Departamental de Lavalleja, ya que abre las puertas a la empresa MANPUTUN S.A. a diferentes líneas de crédito, que facilitan las inversiones y exoneran de ciertos tributos.

En la página https://uruguaynatural.com/.../proyectos-de-inversion/.../12211-octubre- se informa que el 22 de octubre de 2013 SE DECLARA PROMOVIDO EL PROYECTO DE INVERSION PRESENTADO POR LA EMPRESA MAMPUTUN S.A., para lo cual seguramente pesó la declaratoria del Gobierno Departamental.

La obra se pensaba realizar apelando al crédito bancario. Según sabemos tendría un costo de 18 millones de dólares y financiamiento bancario por nueve. El resto de obtendría por la venta de locales. Para el Frente Amplio no queda claro qué parte corresponde a la Intendencia por la terminal. Pensamos que, de instalarse la terminal sobre un predio privado -- que además estaría hipotecado para acceder al préstamo bancario--, se estaría ante el peligro de que, ante cualquier incumplimiento de la empresa, podrían recaer las obligaciones sobre la IDL, a riesgo de quedar sin terminal.

Frente a noticias de prensa, hemos buscado información sobre MAMPUTUM S.A., domiciliada en Havre 2107, Montevideo, que figura en el BPS con un solo empleado y cuyo RUC es 21705190010. Según los datos que hemos obtenido, las exoneraciones tributarias vencieron el 31 de diciembre del 2014, ya que no se han producido avances en el emprendimiento, como por otra parte saben todos los minuanos. Sólo se colocó un inmenso cartel en el predio y se realizó la demolición de una vivienda existente. En este momento, MAMPUTUN S.A. tiene los certificados de DGI vencidos.

Según los datos del registro, la citada empresa adquirió el terreno el 22 de junio de 2013 por un valor de U$S 560.265 y lo ha hipotecado dos veces. La primera por U$S 650 mil, dos días después de la adquisición, la que fue cancelada el 9 setiembre de 2014. La segunda, aún vigente, por U$S 791.595, efectuada el mismo día de la cancelación de la anterior.

Por otra parte, la empresa adeuda a la IDL la tercera y la cuarta cuota de la Contribución Inmobiliaria de 2014 y la primera de 2015, por lo que no se observa cuidado de estar al día con los tributos municipales.

También tenemos la cédula catastral actualizada del padrón donde se construiría el Shopping Terminal Sierras Blancas, con fecha del 26 de abril del 2015, que muestra varias irregularidades.

En la cédula catastral consta que existen edificaciones, aunque como señalamos ya fueron demolidas. Eso implica que la demolición se hizo sin permiso, y es muy probable que sin inscripción en el BPS. Tampoco tienen permiso municipal de edificación, por lo que el padrón no cumple con el artículo 178 de la ley 17.296.

Artículo 178.- Para la inscripción de Planos de Mensura y el trámite de toda modificación parcelaria de inmuebles urbanos que se realice ante la Dirección Nacional de Catastro, deberá adjuntarse una Declaración Jurada de Caracterización Urbana por cada unidad catastral resultante de la operación catastral de que se trate.

Las Declaraciones Juradas de Caracterización Urbana contendrán los datos necesarios para el mantenimiento al día de las Bases de Datos Catastrales verificando la existencia y caracterización de construcciones en cada fracción resultante, debiendo ser firmada por el propietario y por profesional Arquitecto o Ingeniero Agrimensor.

En inmuebles urbanos se sustituirá la presentación de los planos de construcción para la inscripción de mejoras (obra nueva o regularización) por la presentación de una Declaración Jurada de Caracterización Urbana.

Las infracciones que se constaten en las declaraciones que se presenten, serán pasibles de las penas de que trata el artículo 239 del Código Penal.

Las mejoras a construir se incorporarán a un archivo transitorio el que se incorporará a la Base de Datos Catastral para el ejercicio fiscal siguiente a los cinco años a partir de la fecha de presentación. El período indicado podrá ser interrumpido y prorrogado por otros cinco años, de presentarse una nueva Declaración Jurada de Caracterización Urbana que contendrá las características del edificio construido hasta el momento.

Para la inscripción en la Dirección General de Registros de toda escritura de traslación o constitución de dominio e hipoteca, así como para la inscripción de compromisos de compraventa de bienes urbanos y suburbanos, se requerirá la constancia de haber presentado una Declaración Jurada de Caracterización Urbana en la Dirección Nacional de Catastro con antigüedad no mayor a cinco años. Tratándose de Unidades de Propiedad Horizontal Ley Nº 10.751, esta antigüedad se extenderá a 10 años.

Art. 239 del Código Penal: Falsificación ideológica por un particular. El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.


Esto quiere decir que no tiene declaración jurada vigente. Por lo menos hace 5 años que no actualizaron la tasación del predio (requisito indispensable antes del permiso de edificación). Por otra parte, cuando se hace una demolición también es necesario presentar declaración jurada ante Catastro, la que tampoco se ha presentado.

Se trata de una obra en un predio privado y debería cumplir con todo lo que se le exige a cualquier vecino y no pasar por alto las instituciones nacionales, como el BPS y Catastro, especialmente si tiene el aval del Gobierno Departamental.

Todos estos datos actualizados los hemos obtenido a partir de investigar sobre la preocupación que generaron en la bancada del FA las declaraciones públicas del arquitecto Daniel Pérez Pascual, autor del proyecto para el Shopping Terminal.

Aquí nos referimos a lo expresado al medio Arequita Digital por el citado profesional, quien es el autor del proyecto arquitectónico. Debemos aclarar que la bancada del Frente Amplio se comunicó también con el arquitecto, quien corroboró las afirmaciones realizadas a la prensa. Dice Pérez Pascual que “La empresa se llama MAMPUTUM S.A., integrada por Miguel Varela y Juan José Lacalle Pou. Ellos hicieron los trámites a nivel de los Ministerios correspondientes para lo que es la inserción de una terminal y lo consiguieron”. Agrega: “puse dinero de mi bolsillo (ellos no pusieron un mango) y se mostró a todas las Bancadas de Ediles de la Junta Departamental de Lavalleja”.

Agrega el medio que “Las primeras dudas que generó la empresa estuvieron dadas por la forma en que pretendía conseguir el financiamiento para realizar la obra”.

Dice el profesional: “acompañé a uno de los titulares de la empresa a presentarlo. Después tuve alguna entrevista con ellos y con la Intendenta. Desde la empresa me llamaban para decirme que siguiera trabajando de lleno en el proyecto pero no le veía ni terreno, ni futuro, ni plata”. También afirmó que “la empresa no estaba preparada para hacer una obra de esta magnitud”.

El mismo medio informó que “viendo las dificultades existentes, concurrió a la Intendencia para certificar, de algún modo, que el proyecto le pertenecía”.

Dice el arquitecto Pérez Pascual: “Recibí algo muy escueto, casi nada. Ahí pensé que podía haber alguien metido dentro de la Intendencia por la forma en que fue ingresado el proyecto. No sé quién es esa gente o si existe, realmente. Lo que está claro es que el proyecto es mío y trato de hacerme de la documentación de otra manera, por otras vías, a través de Jurídica”.

Declaró además: “Tengo que demandar contra los particulares que me contrataron, salvo que mis abogados puedan comprobar que se me escondió información cuando la pedí. Son papeles que están ahí, los planos, los timbres que se pusieron, todo lo que se hizo en regla. A mí se me brindó de parte de la Intendencia un documento de dos renglones, tipo de escuela, donde se decía que yo había hecho el proyecto de la terminal y del Shopping, sin número de expediente ni nada. En ese aspecto es que me quedan algunas dudas”. Esas dudas son razonables, y las comparte la bancada del Frente Amplio.

Existe, además, otro problema. Por tratarse la empresa en cuestión de una sociedad anónima, es imposible saber si existen funcionarios de la IDL interesados personalmente en el emprendimiento privado al que hacemos referencia, lo que implicaría una conjunción inadmisible del interés público con el privado, que la Junta Departamental debería observar.

Nosotros vemos una grave responsabilidad de la Junta Departamental y de la Intendencia, ya que avalaron, frente a otros organismos del Estado y posiblemente frente a bancos privados, la realización del emprendimiento, pero se ha demostrado que no tiene posibilidades de realización. Recordemos, además, que en su momento despertó importantes resistencias de los comerciantes locales. Es por ello que proponemos enmendar el error al que fue inducida la Junta y derogar el decreto 3146.

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