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UNIDAD POPULAR PROPONE ANULACIÓN DE LA LEY DE CADUCIDAD

Eduardo Rubio, Representante Nacional de Unidad Popular, presentó ante el Parlamento Nacional un proyecto de ley denominado “Promoción de las investigaciones por la Verdad y la Justicia”, que impulsa, entre otras cuestiones, la anulación de la Ley N° 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado.



El proyecto establece que “los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de estado entre el 13 de junio de 1968 y el 1° de marzo de 1985, son crímenes de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles de conformidad con la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 26 de noviembre de 1968 y demás tratados internacionales de Derechos Humanos”.

En su exposición de motivos, Rubio aporta criterios argumentales del Dr. Helios Sarthou, “quien defendía férreamente desde su ‘Agenda Parlamentaria’ (audición radial dominical en CX 36 “Radio Centenario”) la posibilidad de que el Poder Legislativo pudiese anular una ley por él mismo sancionada”.

Luego analizó los “dos duros reveses” que obtuvieron la iniciativa de 1989 plasmada en el referéndum de la ley 15.848, así como el plebiscito anulatorio del 2009. “Anular una ley mediante otra, es absolutamente posible”, argumentó Rubio para quien la misma ley debe establecerlo a texto expreso, citando ejemplos concretos que están vigentes en la legislación nacional.

Desde el punto de vista del contenido de la ley “es posible anularla” por diferentes razones, expresó el legislador, para quien “anular la ley de Impunidad es cumplir con el mandato de ‘expedir leyes relativas al decoro de la República’ ya que es generalmente reconocido que la ley de Caducidad es una vergüenza nacional”. Además, afirmó que la ley en cuestión “vulnera los derechos individuales, en particular el acceso a la justicia, ya que si el Poder Ejecutivo incluye un caso en el artículo 1º de la ley, el Juez debe clausurar y archivar el juicio sin siquiera haber investigado nada, lo cual es una denegación de justicia”, citando lo establecido en el articulado del Pacto de San José de Costa Rica, así como también lo establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

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