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DELITOS AMBIENTALES: BUSCAN FORTALECER NORMATIVA

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y la Fiscalía General de la Nación (FGN) firmaron un Memorando de Entendimiento a través del cual se busca fortalecer la normativa ambiental y generar nuevos instrumentos legales para la protección del ambiente.



El documento firmado surgió a partir de un proceso de diálogo entre ambas instituciones que permitió identificar la necesidad de abordar el tema ambiental desde el punto de vista jurídico y técnico, con el foco puesto en las herramientas nacionales e internacionales existentes para fortalecer su protección.

La ministra Eneida de León se refirió al “fortalecimiento que este acuerdo implica para nuestro país y su institucionalidad”, con la base de un “vasto trabajo del Mvotma en derecho ambiental”. Asimismo señaló la necesidad de “fortalecer las herramientas disponibles para actuar ante delitos ambientales”, y resaltó que en ese proceso el vínculo con la fiscalía de la nación es fundamental.

Por su parte el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, señaló “la ley le asigna a la fiscalía la responsabilidad de actuar en temas de bienes difusos como los ambientales”. Y agregó que “el ambiente es un bien jurídico que requiere ser tutelado desde la justicia penal”.

El memorando entre ambas instituciones se basa, por un lado, en la misión que tiene el Mvotma de “diseñar e implementar políticas públicas participativas e integradas en materia de vivienda, ambiente, territorio y agua, para promover la equidad y el desarrollo sostenible, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del país”. Y por otro, en el proceso que viene transitando la FGN de “fortalecimiento de aquellas áreas que requieren especial atención dentro de sus cometidos, resultando de interés institucional abordar el tema medio ambiente”.

El próximo paso es crear una Comisión Interinstitucional, con representantes de ambas instituciones, con la posibilidad de sumar actores públicos y privados cuya participación permita profundizar en los aspectos abordados.

Se pretende una rápida integración y puesta en funcionamiento de esta Comisión que, entre otros cometidos, analizará la posibilidad de tipificar delitos ambientales.
Ambas partes quedan obligadas a coordinar y prestar el apoyo técnico que sea requerido; a promover instancias de intercambio y capacitación; y facilitar y brindar el acceso a toda información que sea relevante, dentro de sus competencias legales.


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