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IDL: FRENTE AMPLIO ESTUDIA RECURRIR A LA JUSTICIA

La bancada de ediles del Frente Amplio de Lavalleja no descarta la posibilidad de recurrir a la Justicia para zanjar aspectos administrativos de la gestión de la Intendencia Departamental de Lavalleja en virtud de no se han obtenido respuestas satisfactorias a nivel de la Junta Departamental, según manifestó el edil frenteamplista Julián Mazzoni.



“Los delitos contra la administración pública son difíciles de catalogar como delitos penales, pero se está estudiando por el Frente Amplio ese camino”, respondió el Edil Julián Mazzoni (1001, Frente Amplio) ante la pregunta formulada por Arequita Digital en cuanto al estudio que viene realizando dicha colectividad política sobre diferentes aspectos de la gestión municipal.

“Ha habido problemas muy graves e importantes, como son el presupuesto quinquenal, que por impericia política del partido de gobierno y particularmente por la intendenta (Adriana) Peña, no se aprobó”, dijo el legislador departamental evaluando el primer año de gestión del segundo gobierno departamental de la Dra. Adriana Peña. “La IDL tiene presupuesto del quinquenio anterior que la propia intendenta dijo que le permitió hacer ‘una intendencia brillante’. Así que no entendemos cómo puede argumentar que hay cosas que no se pueden hacer porque no tiene presupuesto”, añadió.

Recordó que tanto la bancada del Frente Amplio, parte de los legisladores nacionalistas y un edil del Partido Colorado no votaron en su momento el proyecto de Presupuesto Quinquenal remitido por el Ejecutivo a la Junta Departamental “porque el incremento de impuestos sobre la población del Lavalleja era brutal”, opinando que de esa forma “evitamos que del bolsillo de los habitantes de Lavalleja salieran 300 millones de pesos más de lo que estaba saliendo. Es casi un 50% de incremento sobre lo que se estaba pagando, y el impedir eso se lo deben a la Junta”, adujo.

En un histórico reclamo, Mazzoni cuestionó “la falta de diálogo político entre el gobierno departamental y su propia bancada y mucho más pronunciada con la oposición” y que las respuestas a los pedidos de informes “lleguen tarde y mal”, agregando lo que consideró “serios problemas de relacionamiento entre las jerarquías de la IDL y ADEOM Lavalleja, que son de público conocimiento porque el sindicato los planteó claramente”, haciendo hincapié en la Ley de Negociación Colectiva en el ámbito público, “que porque sí y ante sí la intendenta Peña decidió autocráticamente no cumplir. Aparentemente Lavalleja no es parte del Uruguay, hay leyes creadas en el Parlamento Nacional, y estamos en un estado unitario, que acá se decidió no cumplir”.


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