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UNA ACTITUD SALUDABLE


Dice el inciso primero del artículo 285 de la Constitución de la República: “La Junta tiene la facultad por la resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor”. El inciso segundo autoriza al Intendente a “hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva”.

El martes 13 la Junta Departamental de Lavalleja recibió a los contadores Tania Pereira y Daniel Sureda, junto al doctor Jorge Ferreira, quienes concurrieron representando a la Intendenta en el llamado a Sala “para fundamentar gastos observados por el Tribunal de Cuentas de la República del año 2017”.

Según la página web de la institución, “El Tribunal de Cuentas es la Entidad Fiscalizadora Superior que, con autonomía técnica, orgánica y funcional y en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, ejerce el contralor de la Hacienda Pública en beneficio directo de la Sociedad”.

Antes de que se efectúe un desembolso, el Tribunal interviene preventivamente los gastos de los organismos que controla, para evitar una ilegalidad. Cuando el contador delegado en la IDL observa un gasto es porque hay una ilegalidad.

En su obra “El Tribunal de Cuentas” el doctor Manrique Eguren expresa: “Ante las observaciones el ordenador puede adoptar una de estas actitudes: 1) desistir de la erogación; 2) corregir la circunstancia que sirvió de causa a la observación; 3) pedir reconsideración; 4) insistir en el gasto o pago, en la forma en que estaba dispuesto, expresando los fundamentos en que se basa.”

En el caso de la IDL, la opción es generalmente la número 4. Dice el mismo autor: “La cuarta hipótesis está prevista en el artículo 211, literal B, de la Constitución que dispone que el ordenador puede insistir en el gasto observado, bajo su responsabilidad.” Y agrega: “El Tribunal puede en ese caso reconsiderar su resolución y levantar la observación, si está debidamente fundada, o si ello resulta pertinente de acuerdo al nuevo estudio del tema; o bien mantenerla, dando cuenta a la Asamblea General o a la Junta Departamental que corresponda.”

La Junta Departamental puede --y debe—determinar la responsabilidad del ordenador –la Intendenta—en los aspectos administrativo, político, civil y penal.

En el caso de la IDL, casi siempre el TCR termina dando cuenta a la Junta Departamental. En general, los ediles, por mayoría, instamos al Ejecutivo Departamental a trabajar para levantar las observaciones, sin tener mucho éxito.

La mayoría de los gastos observados se refieren al no cumplimiento del artículo 15 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), por comprometer “gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible”. Otras observaciones se refieren al no cumplimiento del artículo 33, es decir que la Intendencia se aparta de los mecanismos de licitación. Hay violaciones al convenio 30 de la OIT, que regula el otorgamiento de horas extras, y observaciones que se refieren a la falta de documentación de respaldo para los gastos efectuados por la IDL, entre otras.

Uno de los problemas más graves que tiene la IDL es que la Junta no le aprobó el presupuesto para el período 2015 -2020. Quedó vigente el de 2010, con una Ampliación Presupuestal de 2013, por lo que es muy difícil que pueda realizar previsiones adecuadas. En esos casos, la mejor solución es proponer una adecuación presupuestal que permita operar. La IDL no lo hizo en el 2016, pero sí en 2017. Esa Ampliación fue aprobada por la Junta, con las salvedades relativas a los salarios del personal de confianza y profesional (escalafones Q y A). Gracias a eso, para 2018, 2019 y 2020 el funcionamiento de la Intendencia debería mejorar.

En particular, deberían reducirse las observaciones por el artículo 15 del TOCAF. Eso explicó en Sala el contador Sureda. Según el profesional, se espera que el porcentaje del gasto observado pase de un 20% a un 2%. Las explicaciones de la contadora Pereira y el doctor Ferreira para las otras observaciones repitieron lo que la IDL ha presentado frente al TCR, que este organismo no consideró de recibo.

En el llamado a Sala, que fue iniciativa del edil Risso, sólo preguntamos representantes de los partidos de oposición. El Partido Colorado y el Frente Amplio no consideraron satisfactorias las explicaciones.

Como no sucedía desde hace mucho, la bancada del Partido Nacional logró actuar unida, obteniendo la mayoría para respaldar las explicaciones que los representantes de la Intendenta brindaron en sala. Probablemente haya sido saludable para los blancos que la doctora Peña enviara representantes, ya que ha demostrado poca pericia para tratar con su propia bancada.

Edil Julián Mazzoni
1001 – Frente Amplio

 

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