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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS

En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, conmemorado en la jornada de ayer, el Consejo Nacional para la Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas (CNTE), en su calidad de ente rector en la materia, rindió cuentas del avance en la implementación de las acciones proyectadas en el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Combate a la Trata de Personas 2018-2020.



El CNTE tiene como cometidos diseñar y aprobar la política pública, así como velar por la eficaz persecución de tratantes y explotadores, y la debida protección, atención y reparación de las víctimas.

Durante el proceso de elaboración y aprobación del Plan Nacional de Acción 2018-2020, Uruguay aprueba, además, la Ley Nº 19.643 de Prevención y Combate a la Trata de Personas.

El Plan comprometió el inicio de 73 acciones para el año 2018, algunas de ellas son líneas de acción permanentes y cuentan con resultados específicos a lo largo de su ejecución. Las acciones se organizan en cinco líneas con distintos objetivos.

La línea de prevención y sensibilización planteaba 21 acciones para sensibilizar y capacitar profesionales para el enfrentamiento a la trata de personas, así como realizar campañas de prevención y elaborar materiales informativos a la sociedad. Por eso, se llevaron adelante 27 instancias que implicaron la participación de 1140 operadores/as psicosociales legales y funcionariado púbico.

La línea de investigación, combate, judicialización y penalización planteaba 13 acciones para fortalecer las capacidades de detección de situaciones de trata de personas. Durante 2018, esta línea alcanzó distintos productos de importancia: se implementaron mecanismos ágiles de denuncias y de intercambio de información a través de referentes en Jefaturas Policiales y se inició un registro sistematizado sobre técnicas de investigación desarrolladas en casos concretos. Asimismo, se ha profundizado la articulación intra e interinstitucional para el acceso a la justicia, a partir de las competencias establecidas en el nuevo marco normativo nacional (Ley Nº 19.643).

La línea de protección, atención y reparación previó el desarrollo de 16 acciones orientadas a brindar atención integral a víctimas de trata por medio de la actuación coordinada e interinstitucional, así como a través del desarrollo, actualización y difusión de metodologías y herramientas técnicas.

Se destaca la creación, por parte de INAU, de la función de 27 Referentes de Vida Libre de Violencia en todos los departamentos del país, así como la elaboración de un Mapa de Ruta para la detección y abordaje de situaciones de maltrato y abuso sexual infantil desde el sector de la salud. Estas herramientas, orientadas a la violencia de género y generaciones, abarcan diversas manifestaciones de la trata de personas.

En relación a la atención de mujeres adultas explotadas sexualmente, Inmujeres revisó su modelo de atención y actualizó la ficha de registro, instaló un equipo propio de recepción, redimensionó el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual, en convenio con El Paso hacia Montevideo y los departamentos del Sur del país. Además, instaló un servicio de atención en Cerro Largo en convenio con el Movimiento Paulina Luisi.

La línea de coordinación interinstitucional ha potenciado esfuerzos y logrado productos de calidad, como la Ley Integral de Prevención y Combate a la Trata de Personas, aunando esfuerzos entre las distintas instituciones públicas, con competencia en la temática, y las organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria.

En relación a la cooperación internacional se trabajó fuertemente con Argentina y Brasil, resaltándose el inicio de la implementación del Proyecto Fronteras Libres de Trata, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Desde el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas reafirmamos el compromiso de profundizar la política pública, monitoreando las respuestas para alcanzar mayores niveles de efectividad e impacto, para promover y garantizar especialmente los derechos de las personas afectadas por este grave delito.

 

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